lunes, 15 de junio del 2009 09:05 Hora de Perú Detienen a acusador de Fujimori por supuesta fábrica de firmas para partido de Susana Villarán El abogado de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, quien participó en el megajuicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, fue detenido ayer por la Policía Nacional por tener un proceso penal pendiente en el Poder Judicial por falsificación de firmas en los planillones con los que pretendió inscribir al Partido por la Democracia Social–Compromiso Perú, de Susana Villarán.   Cambiar tamaño La captura se produjo, en atención a una orden de detención dictada por el juez Julio César Díaz, del 40° Juzgado Penal de Lima, a su llegada al Perú, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, procedente de Estados Unidos. Inmediatamente fue derivado a la sede de requisitorias y hoy será trasladado ante dicha instancia judicial donde se determinará su estado procesal. Rivera Paz es acusado de delito contra la Fe Pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos y el expediente de la causa es el 102-2008 y obra en el 40° Juzgado a cargo del magistrado Díaz. En el año 2004, cuando el letrado era personero del Partido por la Democracia Social - Compromiso Perú, presentó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) los planillones de firmas para su inscripción. Tras la verificación, la ONPE determinó que todas las firmas eran falsas, por lo que en enero del 2005, el procurador del ente electoral Eduardo Irribaren formalizó una denuncia por delito contra la fe pública contra Carlos Rivera Paz, en su calidad de personero; Gustavo Guerra García Picasso, Fernando Gabriel Távara Castillo y otras personas vinculadas al partido liderado por Susana Villarán. El 29 de mayo de 2009 se presentó el dictamen fiscal, encontrando responsabilidad penal en Carlos Rivera, para quien se solicitó 4 años de pena privativa de la libertad. Tras su internamiento en la sede de requisitorias, fue visitado por el primer ministro Yehude Simon, quien, a su salida, aclaró que la Policía Nacional actuó por mandato judicial y no por cuenta propia, y que no se le estaba dando ningún tratamiento especial. En tanto que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pidió no magnificar los hechos ni proclamar como perseguido político a Rivera, ya que se trata de un asunto estrictamente judicial. Indicó que el abogado de IDL tendrá que aclarar su situación ante las autoridades judiciales y rechazó que el Partido Aprista esté detrás de la denuncia, tal como lo han mencionado algunos representantes de IDL.