jueves, 09 de octubre del 2008 03:44 Hora de Perú Gobierno niega ejecuciones extrajudiciales en lucha antisubversiva en Perú El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, negó hoy supuestas ejecuciones extrajudiciales y desaparición de personas en una ofensiva militar contra los grupos armados en los Andes del sur peruano, pese a que medios locales reportan posibles excesos.   Cambiar tamaño Flores Aráoz sostuvo que las versiones periodísticas sobre la desaparición de unas once personas en la localidad de Vizcatán, en el departamento de Ayacucho, 600 kilómetros de Lima, "tienen el objetivo de confundir a la opinión pública". El representante político de los institutos armados confirmó que durante las operaciones militares iniciadas a fines de agosto en la zona conocida como VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) murieron cuatro presuntos terroristas en enfrentamientos con el Ejército. En el VRAE se registran actividades de los remanentes del grupo ultraizquierdista Sendero Luminoso y también hay presencia de narcotraficantes por ser una zona cocalera, por lo que las autoridades peruanas sostienen existe una alianza "narcoterrorista". El jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Otto Guibovich, dijo el viernes último que hasta esa fecha cinco rebeldes murieron y 18 uniformados heridos. La institución castrense informó la víspera que un soldado falleció en combate. Tras asegurar que los militares actúan "con irrestricto respeto de los derechos humanos", Flores Aráoz indicó que las Fuerzas Armadas continuarán operando en la zona para "romper el lazo entre los terroristas y el narcotráfico", según una nota del Ministerio de Defensa. El ministro peruano dijo que los cuerpos de los cuatro rebeldes abatidos en la zona del río Pichis, el 14 de septiembre, fueron desenterrados días después para su identificación por médicos forenses, tras denuncias sobre la desaparición de unas once personas. El diario "La República", empero, dio cuenta de que una de las víctimas estaba atada con un cordón, mientras el semanario "Caretas" en su edición de hoy indicó que una mujer con cinco meses de embarazo presenta impactos de proyectiles de calibre 9 milímetros. "Caretas" indicó que el poblador Marcelino Pichardo Flores (52), familiar de algunos de los desaparecidos, aseguró haber reconocido a sus dos hijos, a su yerno y a su nuera entre los cadáveres encontrados en Vizcatán la semana pasada. El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, pidió a las autoridades una exhaustiva investigación sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, "ya que los militares reconocen que han actuado en la zona y probablemente sean ellos" los responsables de las muertes de los civiles. "Lamentamos las declaraciones del ministro Flores Aráoz de tratar de proteger a miembros de las Fuerzas Armadas que comete violaciones a los derechos humanos. En eso creemos que el funcionario está totalmente equivocado y las investigaciones deben continuar", acotó. Jugo, en declaraciones a dpa, advirtió que la operación militar para acabar con los últimos focos rebeldes en Ayacucho está generando un problema humanitario debido al desplazamiento de muchos campesinos de Vizcatán hacia otros lugares.