sábado, 27 de septiembre del 2008 01:53 Hora de Perú Canciller considera viable lograr “estatus” diferenciado para inmigrantes latinoamericanos El canciller José Antonio García Belaunde consideró hoy viable la posibilidad de obtener una “estatus" diferenciado para los inmigrantes de América Latina en Europa, en la reunión ministerial de ambos bloques que se realizaría antes de fin de año para analizar la Directiva del Retorno.   Cambiar tamaño Recordó que la referida normativa permite establecer acuerdos entre la Unión Europea con los países de donde provienen los inmigrantes. “La Directiva del retorno abre la posibilidad de acuerdo bilaterales, entonces, podemos conseguir un estatus diferente. A partir de acuerdo bilaterales entre los países de América Latina y los europeos. Eso está previsto en esa directiva”, declaró a la Agencia Andina. Destacó que probablemente antes de fin de año se pueda dar inicio a este diálogo entre América Latina y Europa, en la cual se analizará los alcances de la Directiva del Retorno, que afecta a los inmigrantes en Europa. Recordó que América Latina fue espacio para una enorme migración europea en el pasado. La anunciada reunión entre ambos bloques, a nivel ministerial, da seguimiento a la iniciativa planteada recientemente por el Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese encuentro participarían la Troika América Latina-Caribe / Unión Europea, así como los representantes de los países que ejercen las Presidencias de los mecanismos regionales de integración con la Comunidad Andina (CAN), Comunidad de Caribe (CARICOM) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Asimismo, asistieron la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, Benita Ferrero – Waldner, así como el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana. La Directiva de Retorno, aprobada por la Comunidad Europea, construye el marco legal que permitirá a los países de la Comunidad Europea devolver a sus países de origen a los inmigrantes en situación de ilegalidad y autoriza a detenerlos hasta por un periodo de 18 meses. La norma ha sido rechazada por los países de América Latina por considerar que es injusta e inhumana.