viernes, 05 de septiembre del 2008 01:16 Hora de Perú El fiscal denunciante del caso Canchaya resulta acusado tras maniobra en el Congreso El otoronguismo parlamentario todavía ruge. Ayer se incorporó en la agenda del pleno del Congreso el dictamen de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria que propone archivar --por unanimidad-- una denuncia judicial contra la suspendida legisladora Elsa Canchaya Sánchez, de Unidad Nacional.   Cambiar tamaño Lo singular del caso es que el dictamen recomienda que la Oficina de Control de la Magistratura y la fiscal de la Nación investiguen y determinen "responsabilidad funcional" del titular del Séptimo Juzgado Penal de Huancayo, Héctor Villalobos Mendoza, y del fiscal provincial penal de la Séptima Fiscalía Provincial de Huancayo, Rubén Bernardo Rojas, quienes son los denunciantes de Canchaya Sánchez. Este es un caso distinto al que actualmente afronta en el fuero judicial la suspendida legisladora Canchaya, quien fue acusada constitucionalmente por sus pares por haber contratado a su empleada del hogar como su asesora en el despacho parlamentario. Esta segunda denuncia imputa a Canchaya de la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 428 del Código Penal. Resulta que el 29 de agosto del 2001 Canchaya, siendo notaria, elevó a escritura pública la minuta de compraventa de un predio, celebrado entre Aquiles Antonio Nolasco Arroyo y su esposa Victoria Chávez Porras --en condición de vendedores-- y José Luis Fierro y su cónyuge Susana Guadalupe Poma Castillo, como compradores, "consignando datos que no se adecúan a la realidad", según señala el informe del procurador público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Alfonso Orrego. Pero ahí no termina todo. Canchaya elevó la misma escritura pública de dicha compraventa, pero a favor de Julián Cipriano Leyva Huatuco y su esposa María Mucha, "manteniendo con ello en engaño a los agraviados y al sistema registral", porque las dos escrituras se inscribieron en los registros públicos de Huancayo. Este caso fue presentado el 11 de mayo del 2007 y a partir del 4 de junio de este año fue revisado por la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria del Congreso. El congresista aprista y firmante del dictamen, Luis Falla Lamadrid (PAP), dijo ayer a El Comercio que la actuación del fiscal y del juez es cuestionable "porque han realizado un incorrecto análisis de la tipificación de los presuntos delitos cometidos por Canchaya". En su descargo, Canchaya --continuó Falla-- dijo que nunca fue notificada de estos hechos. "Eso nos permite presumir la existencia de una motivación política en la presentación y tramitación de la denuncia contra Canchaya", dijo el legislador. El dictamen de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad concluye que es "insuficiente" la fundamentación jurídica de esta denuncia contra la suspendida legisladora Canchaya. También señala que existen indicios que hacen presumir la existencia de motivación política en la denuncia y que la actuación de los magistrados no ha sido diligente, sin evitar la presencia del abuso del derecho y sin aplicar la jurisdicción constitucional.