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viernes, 01 de agosto del 2008 05:53
Hora de Perú
Canciller espera que fallo de CIDH sobre caso Castro Castro se ajuste a la realidad
Un fallo que se ajuste a la realidad de los hechos, dijo esperar el canciller José Antonio García Belaunde de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando resuelva en los próximos días la demanda de interpretación presentada por el Estado peruano sobre el caso Castro Castro.
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Dicho tribunal sesionará el 2 y 3 de agosto para resolver dicha demanda que objeta una anterior sentencia que exige al Perú reparaciones económicas a los deudos de terroristas que fallecieron cuando se debeló un motín en el penal Castro Castro, en 1992.
“Espero que se reconsideren algunas partes de este fallo, espero que haya una visión más ajustada a los hechos y que correspondan a las responsabilidades reales”, dijo a la agencia Andina.
El jefe de la diplomacia peruana recordó que la sentencia de la Corte IDH, que dispone millonarias reparaciones económicas para los familiares de los terroristas, así como un homenaje público, no fue tomada con agrado en el Perú.
“Esto (el fallo de la Corte) no fue bien recibido por la población, por el país en general y menos por el gobierno”, comentó.
Diversas autoridades y los deudos de los efectivos de las fuerzas del orden fallecidos en la lucha antiterrorista expresaron su desacuerdo con esa sentencia debido a que, entre otros aspectos, en la lista de víctimas y supuestos beneficiarios de ese fallo aparecen varios sentenciados por delitos de terrorismo, como el cabecilla de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo.
“Espero que haya una reconsideración de algunos puntos de este fallo”, aseveró.
Uno de los aspectos más polémicos de la sentencia es que en sus considerandos uno de los magistrados del tribunal interamericano comparó la muerte de los presos por terrorismo con la de Juana de Arco.
La demanda peruana no busca desconocer las ejecuciones extrajudiciales en Castro Castro, sino precisar que éstas se dieron en 1992, en un régimen no democrático, y que las reparaciones fijadas en el fallo no contribuyen al objetivo de la reconciliación del país, según el anterior agente del Estado, Luis Salgado.
En la década de los 80 y 90, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru ocasionaron la muerte de miles personas en la capital y el interior del país, debido a sus constantes atentados con cargas explosivas, emboscadas y asesinatos selectivos.
También se registraron una cantidad de ejecuciones perpetradas por efectivos de las fuerzas del orden, y que han sido documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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