martes, 08 de julio del 2008 08:04 Hora de Perú Corte Suprema pide a Congreso levantar inmunidad de Elsa Canchaya para dictar sentencia La Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso de la República levantar la inmunidad parlamentaria a la suspendida congresista Elsa Canchaya, para poder sentenciarla en el proceso que afronta en Huancayo por el delito de falsedad ideológica.   Cambiar tamaño El pedido inicial corresponde al Séptimo Juzgado Penal de Huancayo que procesa a la suspendida legisladora por presuntamente haber elevado a escritura pública una minuta de compraventa de un predio consignando datos falsos cuando era notaria en dicha provincia en el año 2001. Mediante el oficio número 4434-2008-SG-CS-PJ, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, remitió el pedido al Parlamento para levantar la inmunidad de dicha legisladora. Esta solicitud fue aprobada previamente por la Comisión de Inmunidad Parlamentaria de la máxima instancia del Poder Judicial, que preside José Lecaros Cornejo. Los hechos que se le imputa a Canchaya Sánchez se remontan al año 2001, cuando en su condición de notaria pública habría elevado a escritura pública la minuta de compra y venta de un predio consignado datos falsos, como el haber indicado que la vivienda en venta era más grande de lo que realmente es. La solicitud de la Corte Suprema ya se encuentra en el Congreso de la República y deberá ser debatido por la Comisión de Inmunidad Parlamentaria. En este caso, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) se ha constituido en representación del Estado como parte agraviada. Anteriormente, Canchaya fue condenada a tres años de prisión por el Primer Juzgado Penal de Huancayo, por dar su conformidad a una petición irregular de crédito financiero cuando era propietaria de una notaria en dicha jurisdicción en el año 2004. Canchaya Sánchez fue suspendida del Parlamento por presuntamente haber contratado a su empleada del hogar Jacqueline Simón como asesora en su despacho, pese a que no contaba con los requisitos para desempeñarse en dicho cargo. La suspendida legisladora aún afronta este proceso en la Corte Suprema por los delitos de nombramiento y aceptación ilegal del cargo, y falsedad genérica en agravio del Estado.