lunes, 02 de junio del 2008 13:06 Hora de Perú Fernandez pide intervención de la Ocma por medidas cautelares que ascienden a policías La ministra de Justicia, Rosario Fernández, solicitó formalmente hoy a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) del Poder Judicial una inmediata intervención ante la existencia de pronunciamientos judiciales a través de los cuales se aprueban medidas cautelares por las que se decretan ascensos provisionales de policías.   Cambiar tamaño En consecuencia, la titular de Justicia formalizó hoy la denuncia contra la magistrada Alicia Salinas Larriviere, jueza del 9º Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima, quien mediante la aprobación de una medida cautelar ordena al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) ascender provisionalmente al coronel PNP Juan Marcelino Santibáñez Marín al grado de general. Según la ministra Fernández, la citada jueza contraviene así la Constitución, por cuanto el artículo 172º de la Carta Política del Perú señala que el Presidente de la República es quien otorga los ascensos en la PNP y las Fuerzas Armadas. “El Ministerio de Justicia (Minjus) tiene por mandato de la ley la responsabilidad de ser el vínculo con el Poder Judicial, así como con el Ministerio Público para velar porque los procesos sean regulados y tramitados de acuerdo con la Constitución y la ley”, expresó Fernández. En ese sentido, informó que acudió a la Ocma en compañía del procurador Pedro de las Casas, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, a raíz de la citada medida adoptada por la jueza Salinas y de la existencia de varios procesos judiciales en los que “escandalosamente, ilegalmente, inconstitucionalmente se han dictado medidas cautelares mediante las cuales se otorgan ascensos”. La titular de Justicia además acudió a dicha oficina de control tras conocer que el procurador De las Casas entabló una queja verbal contra dicha magistrada, precisamente, por ordenar no sólo el ascenso provisional del mencionado coronel, sino también la reincorporación y el ascenso de otros suboficiales y oficiales de la PNP. “La Ocma recibió esta denuncia el 1 de abril del presente año; estamos 2 de junio y hasta la fecha no tenemos ningún resultado”, dijo Fernández, quien detalló que existen 25 procesos interpuestos por policías que no fueron ascendidos ante los juzgados de Lima. “De esos 25 procesos, curiosamente 16 han ido a parar a un solo juzgado: el 9º Juzgado de Lima (Especializado en lo Contencioso-Administrativo), que despacha una jueza provisional, la doctora Alicia Salinas Larriviere”, explicó. En virtud de ello, indicó que ha pedido a la Ocma que de inmediato proceda, con su unidad móvil, a realizar todas las diligencias y gestiones necesarias que hagan realidad el derecho de los justiciables, que en esta ocasión es el del Ministerio del Interior como afectado. Fernández confirmó además haberle dicho a la jefa de la Ocma, Elcira Vásquez Cortés, que como titular de Justicia se ocupará personalmente de este asunto. “Es absolutamente inaceptable que 60 días después de haber denunciado esta situación no exista ninguna diligencia realizada.” Descartó que su intervención en este caso vaya a generar un conflicto de poderes, por cuanto, según dijo, la Ley Orgánica del Minjus le concede a este sector y, por ende, a su titular, el encargo o la función de ser el enlace entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. “No invadimos competencias, simplemente traemos la voz de las personas que no tienen voz o que no son escuchadas para que se puedan hacer efectivas las quejas y los derechos que están reclamando”, subrayó al precisar que hay que recordarle a la Ocma que cumpla su función. Aseguró además haber obtenido el compromiso de la jefa de la Ocma de que inmediatamente movilizará la unidad móvil de esta oficina, a fin de que resuelva la denuncia formulada. “Se ha pedido de inmediato la abstención de la jueza en estos casos, ya la Ocma tiene un antecedente”, dijo al detallar que con ello se pide no sólo que se realicen las investigaciones del caso, sino que la jueza sea separada de los procesos en referencia y que se permita que éstos sean tramitados ante un magistrado que pueda garantizar la aplicación de la Constitución. En virtud de todo esto, la ministra Fernández destacó la necesidad de que el Parlamento apruebe de inmediato las normas modificatorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que la sociedad civil tenga miembros en la Ocma, con lo cual se dará cierto nivel de garantía a esa instancia. Asimismo, destacó la necesidad de analizar y considerar la conveniencia de modificar el tratamiento normativo de las medidas cautelares, para evitar el abuso de las mismas. “Desde el Minjus, nosotros de inmediato vamos a impulsar modificaciones a las normas en cuanto a medidas cautelares para que esos derechos sean realmente protegidos y sean eficaces, y no resulten instrumentos utilizados con otros propósitos o para que los jueces emitan medidas cautelares en casos que no corresponden.” Por último, la titular de Justicia refirió que en su momento se ocupará del planteamiento para que en el sistema interamericano de derechos humanos haya una segunda instancia. “Los temas de la corte supranacional son totalmente especializados”, acotó al agregar que respecto a esto último habrá pronto una presentación formal.