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lunes, 07 de abril del 2008 15:16 Hora de Perú

TC resolverá admisión de inconstitucionalidad de ordenanza de Puno sobre hoja de coca

El Tribunal Constitucional (TC) resolverá esta semana si admite o no la acción de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ordenanza del Gobierno de la Región Puno que legaliza la hoja de coca, anunció hoy el magistrado Carlos Mesía Ramírez.


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"Debido a la carga procesal, a veces es difícil cumplir los plazos, pero el caso debe admitirse esta semana”, declaró a la agencia Andina.

Agregó que la demanda, presentada por el procurador ad hoc Ricardo Castro Belapatiño, está siguiendo el trámite normal que requieren las demandas constitucionales para que sean resueltas con el voto de los siete integrantes del TC.

Por su parte, el magistrado Fernando Calle Hayen manifestó que el Tribunal le “está dando la importancia del caso” a la acusación que cuestiona la legalidad de la ordenanza regional puneña, cuyo texto permite legalizar el cultivo de la hoja de coca.

“Su trámite estará sujeto al Código Procesal Constitucional, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y a la propia Constitución. Puedo afirmar que le estamos prestando la atención debido a la causa”, manifestó a Andina.

Recordó que el TC ya cuenta con jurisprudencias anteladas sobre el tema, pero eso adelantó que esa situación no implica que los magistrados las sigan “al pie de la letra”.

Cuando Castro Belapatiño presentó la demanda, expresó su confianza en que la acción de inconstitucionalidad será admitida por existir “precedentes vinculantes”.

Explicó que la acción se presenta porque el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, carece de facultades para reconocer a la coca como patrimonio cultural y menos para señalar que los cultivos ilegales de esa planta forman parte del cultivo tradicional.

También refirió que la ordenanza promovida por Fuentes contraviene la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley de Bases de Descentralización.

Incluso recordó que el TC derogó en 2005 dos ordenanzas similares de Huánuco y Cusco, lo cual permite tener confianza en que la misma suerte corra la norma aprobada por la Región Puno.

Sostuvo que la jurisprudencia establecida por el TC indica que ese tipo de ordenanzas atenta contra la política nacional de lucha contra el narcotráfico.

 

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