miércoles, 08 de agosto del 2007 09:36 Hora de Perú Gobierno de Toledo habría cometido multitud de delitos en caso de Canal 5 El gobierno del ex presidente, Alejandro Toledo, que apoyó en todas sus formas el secuestro de Panamericana Televisión por parte de Genaro Delgado, habría cometido una serie de graves delitos en este caso, que van desde la manipulación e interferencia de la justicia, hasta extorsión, peculado y abuso de la autoridad. Esto, según el informe de ProJusticia.   Cambiar tamaño El informe de ProJusticia sobre Genaro Delgado Parker señala literlalmente: que es posible concluir que dicho personaje tiene un comportamiento caracterizado por una ambición material desmedida y una evidente falta de escrúpulos, bajo un esquema de vida que lo ha llevado a desplegar diversas y eficaces estratagemas para librarse de la acción de la Justicia, e imponerse a sus ocasionales adversarios o enemigos, valiéndose del mercantilismo, la corrupción, el tráfico de influencias, el amedrentamiento judicial, financiero o político, y el abuso del poder basado en los nexos que ha logrado afianzar en mayor o menor medida, con todos los gobiernos del Perú desde 1968 hasta la fecha, siempre empleando a los medios de comunicación como instrumento de negociación con los gobernantes de turno. Desde esa perspectiva, es factible - refiere el informe de ProJusticia - vislumbrar que en la última etapa de su vida, GDP no va a cambiar su nefasta conducta y mas bien todos los indicios razonables indican que continuará representando un factor de perturbación para el correcto desenvolvimiento del estado de Derecho, y la consolidación de las instituciones democráticas, dada su gran capacidad para corromper, infiltrar y manipular a las principales autoridades de los poderes del Estado. Por otro lado, si bien es cierto que el sistema de propiedad de la televisión nacional se ha modificado con el cambio de gobierno en el 2001, no ha sido en el sentido de una depuración moral y una apertura hacia nuevos actores, sino promoviendo la conformación de sociedades y administraciones precarias, jurídicamente irregulares, políticamente inestables y manejables, producto de un reparto forzado en beneficio de los grupos más afines al gobierno de Toledo, sin considerar sus propios vínculos con la corrupción de la década pasada y su falta de derechos comprobados para ejercer la propiedad. En este proceso turbio del último quinquenio - reseña el documento de ProJusticia - , ha tenido directa injerencia la Administración Toledo y su aliado de entonces Fernando Olivera (entrelazados pública y notoriamente con GDP), utilizando a su favor la vulnerabilidad penal y empresarial de los propietarios de los medios de comunicación, siendo el caso de Panamericana Televisión - Canal 5 y el caso de Red Global - Canal 13 de Lima, pruebas tangibles de ello. Por lo tanto, los delitos que se habrían perpetrado desde Poder Ejecutivo toledista, serían de: interferencia y manipulación de la justicia, extorsión, peculado, ocultamiento y retención de pruebas, abuso de autoridad, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios, intervención del gobierno en la línea editorial de los medios de prensa, entre otros hechos dolosos que ameritan una investigación en el Congreso de la República elegido en julio de 2006.