lunes, 25 de abril del 2005 08:05 Hora de Perú Ibazeta insiste: planillones de PP son documentos públicos Una vez más. El decano del Colegio de Abogados de Lima insistió hoy en que los planillones de Perú Posible son documentos públicos y no privados; desbaratando así la tesis oficialista que pretende sostener lo contrario, para así intentar salvarle el cuello, entre otros, al líder de la chakana, Alejandro Toledo.   Cambiar tamaño “La consulta que hizo el congresista Villanueva al Colegio de Abogados de Lima tenía como objetivo, simplemente que nosotros definiéramos si los planillones eran o no documentos públicos. Los efectos jurídicos ya los calificarían ellos (la comisión)”, dijo Ibazeta. “Entonces, el Colegio de Abogados, siguiendo el trámite correspondiente, el 8 de abril por unanimidad llegó a la conclusión que los planillones son documentos públicos. Por dos o tres razones”. “La primera, porque son elaborados por la Onpe, pero no de manera suelta sino dentro de un proceso administrativo, en el cual se sigue todo un procedimiento previo. Es decir, son elaborados por una entidad pública, dentro de un marco normativo, donde los funcionarios certifican su contenido con las atribuciones que la ley les da; y además, si declaran procedente el pedido para la entrega de los kits electorales, consignan en los planillones el código de la agrupación política e identifican a quién se lo entregan. De modo que tiene todas las características de un documento público”, argumentó el decano del CAL. “Mientras estén en poder del particular no surten ningún efecto, pero el particular va a consignar firmas, ésta es una información privada, pero el documento público jamás se convierte en privado, aún cuando contenga información privada, pues es un documento que va a retornar a la Onpe. De modo que se cierra el circuito y la calidad de instrumento público no se ha alterado”. Al ser consultado sobre la implicancia de que los documentos sean públicos o privados en el caso de las firmas falsas; Ibazeta dijo que: “si uno adultera un documento público en todo o parte para lograr un provecho, la pena va entre dos y diez años. En cambio, si se trata de un documento privado en este tipo de delito, estaríamos en una pena de dos a cuatro años, y ahí es donde entiendo se está dando el debate en cuanto a la finalidad de las consultas de lo que están haciendo”, sostuvo. “En el Perú deberíamos apostar la transparencia, y evitar los escudos legalistas. La población quiere confiar en alguien, y si estamos jugando a las escondidas, ya nadie va creer en nadie en este país”, señaló.