domingo, 24 de mayo del 2009 02:02 Hora de Perú Evo Morales confiscó la hacienda de Sánchez de Lozada El gobierno de Evo Morales expropió una hacienda al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el cual enfrenta un juicio por la muerte de manifestantes, y entregó las tierras a una comunidad negra y a cultivadores de la etnia aymara.   Cambiar tamaño El mandatario dio los títulos de propiedad de ese terreno de 400 hectáreas a 80 familias el sábado en la tarde en el municipio de Coroico, región subtropical a 60 kilómetros al norte de La Paz. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) expropió esas tierras bajo el argumento de que no estaban cultivadas y habían quedado abandonadas tras la dimisión de Sánchez de Lozada. Una mayoría de los beneficiarios son afro-bolivianos que cultivan coca, cítricos y otros productos del subtrópico. “Nuestra lucha no ha sido en vano compañeros, vamos de triunfo en triunfo pero falta consolidar estos cambios”, dijo el mandatario de tendencia izquierdista y que se perfila como favorito a la reelección en diciembre, aunque aún no ha confirmado su postulación. Sánchez de Lozada vive en Estados Unidos y enfrenta en Bolivia cargos de genocidio por la muerte de 63 manifestantes durante protestas en octubre del 2003, por las que se vio obligado a renunciar. Otros once ex ministros suyos también están demandados por los mismos hechos, así como cinco ex jefes militares. El proceso se inicio el lunes con sólo ocho demandados presentes -tres ex ministros y cinco ex jefes militares- y ha quedado en suspenso para el ex mandatario y los otros ausentes, todos ellos declarados rebeldes. Sánchez de Lozada, que ha vivido buena parte de su vida en Estados Unidos, fue exitoso reformista liberal en las décadas de 1980 y 1990. El gobierno gestiona su extradición. Es el primer presidente del ciclo democrático en ser llevado a juicio. Su abogada Ana Reyes dijo desde Estados Unidos que “las acusaciones no tienen mérito y están motivadas en política”, ya que Sánchez de Lozada “actuó legalmente al responder a manifestantes”. La actuación de los militares “fue legal y responsable”, agregó. Tres ex colaboradores del ex mandatario se refugiaron en Perú y el caso tensó más las relaciones con Lima. Morales dijo anteriormente que estudia una demanda internacional contra el gobierno de Lima, al que ha pedido revisar su decisión de dar asilo político a uno de ellos y refugio a otros dos, con el fin de que respondan por lo que considera son delitos de lesa humanidad.